CARMEN LÓPEZ CARREÑO «Estamos 100 años por detrás de Europa en derechos de protección animal», denuncia la directora del área jurídica de la fundación Altarriba, Yolanda Valbuena. «Para nosotros es indignante que siga sin existir una ley estatal que unifique el conjunto del territorio en esta materia».

Según informa Valbuena, hace 119 años que Londres cuenta con una legislación destinada a proteger a los animales. «Y también vamos por detrás de naciones como Italia y Portugal -insiste- ¡Y ya ni te hablo de Suiza y Alemania!» Según comenta, esta situación «dificulta gravemente la protección real de los animales», pues la legislación cambia radicalmente de unas comunidades autónomas a otras.

Demanda por incumplimiento
Esta es la razón por la que la Plataforma Leyes Animales Ya demandó, el pasado 16 de abril, al Gobierno del Partido Socialista por incumplimiento del compromiso recogido en su programa electoral de 2004 y 2008. 

Según citan en su página web, José Luis Rodríguez Zapatero prometió, en la campaña electoral de 2008, lo siguiente: «Se elaborará una Ley Marco de Protección Animal. Asimismo,se modificarán los artículos del Código Penal referidos al maltrato de los animales con el objetivo de facilitar la ejecución de sentencias y el cumplimiento de condenas», promesas que no ha llevado a la práctica hasta el momento. 

«No sólo no se han hecho realidad, sino que el gobierno del PSOE no justifica por qué razón no quiere hacer una ley estatal», critica Yolanda Valbuena. «En España somos muy rudos. Para que se preste atención a estos temas hay que mencionar, por ejemplo, la relación que existe entre las personas que desde la infancia maltratan a los animales y las que acaban siendo denunciadas por malos tratos cuando se hacen mayores». «España es África en cuestiones de protección animal», sentencia. 

En cuanto a la Unión Europea, tampoco existe una legislación que regule la protección animal en todo el territorio, algo que ya han reivindicado diferentes sectores de la población. Sí existen, sin embargo, directrices concretas contra determinadas actuaciones.